El Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien acumula 12 años en el cargo con tres gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato, periodo en el que se disparó la violencia criminal, realizó una serie de declaraciones inusuales que podrían perfilar públicamente su salida.
Por Sugeyry Romina Gándara |Ciudad de México, 1 de septiembre 10:00 pm (SinEmbargo).- La presiones desde Palacio Nacional al Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por mantener a Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal General de Justicia de Guanajuato podrían rendir frutos debido a que el propio funcionario, quien acumula 12 años en el cargo con tres gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), perfiló públicamente su salida del cargo, debido “a intereses perversos” ajenos a su desempeño.
En inusuales declaraciones ante rotarios del estado y luego ante periodistas, Zamarripa Aguirre reconoció el martes que las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia en Guanajuato y la responsabilidad que le atribuye representan presiones contra él.
“Me parece que hay intereses perversos de otra naturaleza, incentivados en un ámbito diferente al técnico, al constitucional o al que verdaderamente se ciñe a nuestra responsabilidad y quizás lo logre, quizás logre que mañana o pasado acontezca algo con su servidor, no sé qué pueda pasar porque ha sido mucho la insistencia”, expresó Zamarripa, de acuerdo con medios locales.
“Nadie tiene comprada la vida, menos el trabajo”, añadió el funcionario, quien fue nombrado Procurador de Justicia por el Gobernador Juan Manuel Oliva, en 2009, y continuó en ese cargo en todo el sexenio de Miguel Márquez hasta que, en 2019, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo lo promovió como Fiscal por 9 años más.
Las declaraciones Zamarripa Aguirre se dieron justo un día después de que por tercera ocasión el Presidente Andrés Manuel López Obrador adjudicó la crisis de violencia del Bajío a la gestión de la Fiscalía a su cargo, en la cual aún le quedan siete años y medio más.
“Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho y no está actuando bien el Gobierno, en particular la fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes”, dijo el mandatario nacional en la conferencia matutina del lunes.
Desde el pasado mes de julio, el Presidente López Obrador lanzó un abierto reclamo al Gobierno de Guanajuato, en particular a su Fiscal, por la falta de resultados en el combate al crimen.
“No es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el Procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido y más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente”, subrayó .
Díez días después, López Obrador volvió a colocar el tema para aumentar la presión al Gobierno de Guanajuato:
“Ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que remover. Puede ser muy cercano, compañero de partido, de escuela, pero si no se dan resultados y si está de por medio la vida de la gente, para fuera”, dijo en su conferencia matutina del pasado lunes 26 de julio, la primera vez que hizo la recomendación.
Sin embargo, a pesar de las recomendaciones del Ejecutivo, el actual Fiscal recibió el apoyo del sector político, del empresarial e incluso del eclesiástico, según explicó el periodista Arnoldo Cuéllar.
“Yo creo que estamos viendo el surgimiento de algo que no habíamos visto antes; figuras de hombres poderosos que reúnen un gran un gran período de tiempo por delante (para sus cargos) y un monopolio en el tema de la procuración de justicia”, destacó el también analista político en una entrevista con SinEmbargo.
Nuevamente, el pasado lunes, el Jefe del Ejecutivo externó su preocupación por la inseguridad, también acusó de una alianza política con la delincuencia.
“Es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado, porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre”, declaró.
Aunado a los comentarios del Presidente, los diputados electos del partido Morena en Guanajuato anunciaron en una rueda de prensa que la remoción de Carlos Zamarripa será una de sus prioridades en su agenda legislativa.
La Diputada local Alma Alcaraz Hernández aseguró que revisarán el tema jurídico que le dé oportunidad al legislativo local de tomar decisiones sobre el actuar del Fiscal, quien actualmente sólo puede ser separado del cargo si es removido por el Gobernador del estado por causas graves o con la propia renuncia del funcionario.
Al respecto, el controvertido Fiscal reconoció que las declaraciones del Presidente de la República, en el sentido de que debe ser removido del cargo, sí representan una presión para él: “Por supuesto que sí, tendría que no ser humano para no sentirla”.
Las palabras del Fiscal han levantado fuertes expectativas por lo inusuales, ya que hasta hace unos días se negaba a hablar del asunto.
“Sin comentarios del tema. De eso no voy a hablar”, dijo Zamarripa a medios luego de ser cuestionado sobre la exigencia de AMLO, según reportó el pasado 6 de agosto Proceso.
La violencia en Guanajuato es el principal factor por el que hoy el Gobierno federal insta a la remoción de Zamarripa.
En ello coinciden especialistas de seguridad y crimen organizado quienes desde hace tiempo han denunciado que la crisis de inseguridad en esta entidad se debe en gran parte a la omisión de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el cumplimiento de su deber y responsabilidad.
Guanajuato, entidad federativa que lleva casi 30 años gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN), es la que registra más homicidios dolosos en el país. De enero a julio al menos 2 mil 98 personas fueron asesinadas en aquella entidad, ante las cuales, se abrieron 1 mil 711 carpetas de investigación.
En el año 2020 se contabilizaron 4 mil 490 víctimas de homicidio doloso, ante las cuales se abrieron 3 mil 359 carpetas de investigación. Además, se posiciona como uno de los estados con el mayor número de hallazgos de fosas clandestinas.
En los 12 años que Carlos Zamarripa ha estado al frente de su cargo, el número de homicidios dolosos creció un 711 por ciento, pues de 414 asesinatos que se registraron en el año 2009 —cuando tomó el cargo como Procurador— para el año 2020 la cifra de este tipo de crímenes se situó en 3 mil 359.
Desde el año 2009 a junio de 2021, se han registrado al menos 16 mil 682 homicidios dolosos y se han abierto 1 mil 989 y 256 carpetas de investigación por extorsiones y secuestros, respectivamente, de acuerdo con cifras oficiales.
Ocultamiento o “falsificación” de datos, espionaje, falta de resultados en la persecución de delitos del fuero común, incapacidad y mala integración de carpetas de investigación de casos importantes que han dado como resultado la liberación de presuntos criminales, son parte de los señalamientos que pesan en contra de la Fiscalía guanajuatense.
El pasado 12 de julio, el equipo del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato denunció presunto espionaje por parte de esta institución y de Zamarripa. El equipo de investigación dio a conocer que, mientras realizaban diversos trabajos de investigación vinculados con el desempeño de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE-Gto) y su titular, registraron intromisiones.
Arnoldo Cuéllar narró que Zamarripa tiene controlada hasta la delegación de la FGR en Guanajuato:
“Cuando presenté mi demanda por espionaje ante la delegación, le mandaron de inmediato la denuncia. El delegado de despacho de (FGR) está en una franca comunicación abierta con Zamarripa […] Yo tengo presentada una queja en asuntos internos de la FGR porque se me hizo inaudito que en el transcurso de tres horas la denuncia que hicimos ya estuviera en el escritorio de Zamarripa”.
No obstante, el Gobierno de Guanajuato ha argumentado que la violencia en la entidad no es sólo una responsabilidad estatal, sino que tiene que ver con la competencia federal.
El mandatario estatal, Diego Sinhue Rodíguez Vallejo, ha brindado su respaldo y reiterado su confianza en la labor del titular de la Fiscalía General de Justica y comentó que no se le puede atribuir la responsabilidad de la violencia a una sola persona.
“Para mí es importante calificar al Fiscal en el ámbito de su competencia, no podemos responsabilizar a una persona de toda una problemática multifactorial en el tema de la inseguridad, es muy complejo el entramado”, según ha manifestado el mandatario estatal.
